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Anthropologica

Print version ISSN 0254-9212

Anthropologica vol.37 no.42 Lima  2019

http://dx.doi.org/10.18800/anthropologica.201901.007 

ARTÍCULOS

 

Documental social y nuevas plataformas para la justicia, reparaciones simbólicas y empoderamiento. Caso Esterilizaciones Forzadas en Huancabamba (2012-2016)

Social documentary and new platforms for justice, symbolic reparations and empowerment. Case of Forced Sterilization in Huancabamba (2012 - 2016)

 

Inés Ruiz

Universidad Científica del Sur.
iruiz@cientifica.edu.pe

 


RESUMEN

Este artículo propone cómo es que el documental social puede funcionar como una herramienta de denuncia y reparación simbólica, además de vehículo para el empoderamiento de las víctimas. Esperanza Huayama, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMAEF) y líder de la Asociación de Mujeres Campesinas de la Provincia de Huancabamba (AMBHA), es uno de los casos más emblemáticos de esterilización forzada en la provincia de Huancabamba. En el documental Una voz estéril (2012), que realicé como parte de mi investigación doctoral, Esperanza Huayama da por primera vez su testimonio. Hoy participa activamente en marchas de protesta en Lima y en reuniones con parlamentarios, concede entrevistas a diferentes medios públicos e independientes y se entrevista con jueces que tomaron el caso. Ha viajado a España e Inglaterra llevando la voz de las mujeres esterilizadas del país. Ella siente la responsabilidad de representar a las mujeres esterilizadas y es consciente del impacto en los medios de esta campaña y de cómo es que se ha convertido en una figura pública a través del poder de las redes sociales y el documental de denuncia. Su caso —y los de las mujeres que conforman el Instituto de Apoyo al Movimiento de las Mujeres (IAMAMC) y la AMBHA— me proporcionaron evidencia de cómo se recuerda el caso de las esterilizaciones y cómo es que se mantiene, en los ciudadanos de Lima, un discurso social racista hegemónico que les permite ignorar los derechos de las poblaciones afectadas por estas políticas.

Palabras clave: género, esterilizaciones, clase, raza, documental, redes sociales, empoderamiento.

 


ABSTRACT

This article explains how the social documentary can function as a tool of denunciation and symbolic reparation as well as a vehicle for the empowerment of victims. Esperanza Huayama, vice president of the Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMAEF) and leader of the Asociación de Mujeres Campesinas de la Provincia de Huancabamba (AMBHA), is one of the most emblematic cases of forced sterilization in the province of Huancabamba, Peru. In the documentary Una voz estéril (2012), which I did as part of my doctoral research, Esperanza Huayama gives her testimony for the first time. Today she participates actively in protest marches in Lima and in meetings with parliamentarians, gives interviews to different public and independent media and interviews with the judges who have taken the case. She has travelled to Spain and England bringing the voice of the sterilized women of the country and feels responsible for representing them. She is aware of the impact this campaign has made on the media and the fact that she has become a public figure through the power of social networks and the denunciation documentary. Her case —and those of the women who make up the Instituto de Apoyo al Movimiento de las Mujeres (IAMAMC) and the AMBHA— provided me with evidence of how the case of sterilizations is remembered and how the citizens of Lima maintain a hegemonic and racist social discourse which allows them to ignore the rights of the populations affected by these policies.

Keywords: gender, sterilizations, class, race, documentary, social networks, empowerment.

 


INTRODUCCIÓN

Durante 1995, el gobierno peruano tomó la drástica decisión de reducir la tasa de crecimiento de la población natural a un nivel no mayor de 2,5 por año y puso en marcha una serie de campañas para promoverlo (CVR). Grupos de hombres y mujeres con capacidad reproductiva, especialmente aquellos que viven en las áreas más pobres del altiplano andino y las tierras bajas amazónicas del Perú, fueron esterilizados con fines anticonceptivos. Estas campañas de esterilización, denominadas AQV (Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria), se llevaron a cabo por cinco largos años (1996-2000) y provocaron miles de denuncias.

Mi estudio etnográfico sigue las diferentes experiencias en áreas rurales y urbanas para observar cómo se ha construido la memoria a través de los años, y cómo la etnicidad y la clase se cruzan con estas campañas de esterilización. Utilizando un marco teórico de antropología visual e historia oral, desarrollé un estudio de caso usando series de entrevistas audiovisuales en profundidad, observación participante y fuentes de archivo. Elegí trabajar más a fondo en Huancabamba, una de las provincias más afectadas, ubicada en el norte de los Andes.

Han trascurrido más de dos décadas desde que se iniciaron las denuncias de la mala ejecución de las campañas denominadas AQV. Muchas fueron hechas en el lugar de origen de las víctimas, pero la mayoría de los casos fueron archivados. En casos como el de Huancabamba, al iniciarse las denuncias desaparecieron tanto las pruebas existentes como el registro del número exacto de mujeres esterilizadas en el único centro médico de la provincia. Investigadoras como Giulia Tamayo, activista por los derechos humanos, recogieron por primera vez las denuncias de mujeres en Huancabamba en 1996. Durante su investigación, Giulia descubrió cuotas anuales y metas establecidas por el Ministerio de Salud (395 esterilizaciones anuales) y en su informe presentó documentos donde, además de las cuotas, resalta las metas anuales (Tamayo, 1999, p. 113). Encontró así, por ejemplo, que en el mes de setiembre de 1996 ya se habían realizado 169 esterilizaciones, es decir, el 42% del total previsto.

Entre 1996 y 2000, y a pesar de las denuncias desde organizaciones feministas (Jara, 2011, p. 6) y de derechos humanos, e incluso de la Defensoría del Pueblo, no se logró detener las campañas (Jara, 2011, p. 4). Solo en 2000, un año después de que Fujimori huyera del país para instalarse en Japón (Burt, 2009, p. 1), se llegó a judicializar el caso de María Mamérita Mestanza (Informe Final, Comisión Especial sobre Actividades de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria, AQV, 2002, p. 2) durante el 110° período ordinario de sesiones de la CIDH y se convino en un acuerdo previo de solución amistosa. El 26 de agosto de 2003 se suscribe el Acuerdo de Solución Amistosa, mediante el cual el Estado reconoció su responsabilidad en la violación de los derechos de Mamérita Mestanza (Cladem, 2016, p. 1) y se obligó a adoptar medidas de reparación en beneficio de las víctimas, investigar y sancionar a los responsables en el fuero común y adoptar medidas de prevención para evitar que estos hechos se repitieran en el futuro. Mamérita Mestanza murió el 4 de abril de 1998 debido a una negligencia médica durante la operación quirúrgica de esterilización (Boesten, 2007, pp. 82, 86-87).

Desde 2003 —año en el que se indemnizó a la familia de la señora Mamérita Mestanza Chávez— hasta 2009, el caso de las esterilizaciones estuvo abierto. Durante 2009 el gobierno de Alan García archivó los 2 074 casos de mujeres agraviadas, y otros dieciocho, correspondientes a las fallecidas (Demus, 2008, pp. 3-4). Dos años más tarde, durante las elecciones de 2011 y la segunda vuelta entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori, el olvidado tema entró nuevamente en debate. La ciudadanía empezó a recordar, gracias a las campañas mediáticas que destacaban el tema con motivo del debate entre Ollanta y Keiko.

Ollanta Humala ganó las elecciones y uno de los primeros compromisos que anotó en su nueva agenda presidencial de «inclusión social» fue la investigación del caso de las esterilizaciones. También asumió la responsabilidad de dar una reparación a las víctimas. Así, en 2012, la Fiscalía decidió reabrir el caso, y durante los primeros meses del mandato de Ollanta Humala se encargó la elaboración de un estudio que recogió evidencias y recomendaciones para concretar dichas reparaciones. Sin embargo, este no fue presentado a la sociedad civil, y en 2014 el caso fue archivado nuevamente, esta vez por el fiscal Guzmán Baca. Al año siguiente, el 10 de mayo, el Ministerio Público decidió reabrir el caso por un plazo de tres meses, plazo que nunca se cumplió, ya que la resolución se fue dilatando hasta después de las elecciones de 2016.

La resolución de la fiscal Marcelita Gutiérrez esta vez dictaminó que las esterilizaciones durante el régimen fujimorista respondieron a una política de Estado, pero no estuvieron destinadas a violar derechos humanos. De este modo, se volvió a archivar la denuncia de las esterilizaciones forzadas contra el expresidente Alberto Fujimori y sus ministros de Salud, entre ellos el actual congresista Alejandro Aguinaga. Al término de mi investigación (2016), se ha solicitado nuevamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se pronuncie sobre la resolución, recurso de queja que será evaluado por la tercera fiscalía. Actualmente la única denuncia que contiene los 2 074 casos de víctimas por esterilizaciones forzadas se encuentra en una sola carpeta fiscal. Según el Informe de la Defensoría del Pueblo, entre 1997 y 2001, durante las campañas de esterilización, fallecieron dieciocho personas en todo el Perú y se recogieron 397 quejas fundadas. Hasta el momento no se tiene información oficial actual de cuántas son las personas fallecidas. El informe que presentó la Defensoría del Pueblo (1998) es hasta el momento la única fuente confiable sobre las personas fallecidas, por estar documentado (Informes Defensorías N° 7, 1998, p. 1). En este documento, presentado por la Defensoría, se basan los diez casos de esterilizaciones en la provincia de Anta en el Cusco y cinco señoras de Huancabamba.

SITUACIÓN DE LAS MUJERES DE HUANCABAMBA DESDE 2012: LAS MUJERES «LIGADAS» EN BÚSQUEDA DE LA VERDAD, LA JUSTICIA Y LA REPARACIÓN

En estos más de veinte años, el silencio del Estado ha generado una serie de acciones de algunas organizaciones de derechos humanos y colectivos de artistas que, participando con sus propuestas, se han unido en la búsqueda de la justicia y la reparación que reclaman las mujeres afectadas por las campañas de esterilización. No obstante, la lucha de estas mujeres y las tantas promesas del Estado ha generado una desconfianza aún mayor en las afectadas. En las primeras visitas que hice a la comunidad de Huancabamba en 2012, como parte de mi trabajo de campo logré recoger testimonios de mujeres que se sentían «traicionadas» por las promesas que Ollanta Humala hizo durante su campaña electoral con respecto a la reparación de las víctimas de AQV. Esto parece tener una consecuencia directa en el aspecto de reparación, ya que se sienten utilizadas o traicionadas por el Estado1.

Esperanza Huayama Aguirre es una de las mujeres con las que he mantenido contacto desde el principio de mi investigación. Participó en el documental que realicé, Una voz estéril (2012), y fue ella quien, además de ser la primera en animarse a participar en el documental, me ayudó a entrevistarme con algunas mujeres que, en ese entonces, se atrevieron a dar su testimonio. En ese año no se hablaba abiertamente del tema en Huancabamba y tampoco en Lima2. Esperanza había sido dirigente del Instituto de Apoyo al Movimiento Campesino de Mujeres IAMAMC - AMBHA y venía trabajando con la organización desde 1998.

Algunos meses después me entrevisté con algunas mujeres que fueron esterilizadas, y durante los primeros meses de mandato de Ollanta Humala, la Fiscalía decidió reabrir el caso. Fue entonces cuando las mujeres de la organización IAMAMC - AMBHA decidieron organizarse formando el primer Comité de Defensa de Derechos Humanos de las Mujeres Esterilizadas de Huancabamba (CDME3 - Huancabamba). Esperanza Huayama, entonces, pasó a ser la presidenta del Comité.

Sin duda, Esperanza Huayama es uno de los casos más emblemáticos de las esterilizaciones forzadas en la provincia4. Ella, junto a su equipo, se encargó de recoger firmas hasta en las comunidades más alejadas de Huancabamba para así formar el Comité de Mujeres Esterilizadas (CDME). Durante todos estos años, Esperanza ha sido el rostro de las mujeres de Huancabamba y ha participado de manera activa tanto en marchas de protesta en Lima como en reuniones con parlamentarios y jueces que llevaron el caso y en entrevistas a diferentes medios públicos e independientes.

Los testimonios que recogí para la investigación dan cuenta que la información que se tenía en aquella época del programa de esterilizaciones era limitada, pero no era únicamente la falta de información con respecto al tema lo que les impedía manifestarse (Boesten, 2010, p. 91), sino también la ausencia de una conciencia colectiva de la vulneración de sus derechos humanos, junto con el miedo que viene de la época del conflicto armado (Rousseau, 2012, p. 104). Desde mi perspectiva, la carga del trauma de la época del conflicto seguía presente. Las mujeres y hombres huancabambinos con los que me entrevisté, tanto en el centro de la ciudad como en las comunidades, tenían muy presente el miedo a hablar y luego ser acusados de terroristas5. Aunque nada tuviese que ver con el tema, el miedo a hablar y manifestarse era latente. El rechazo entre la misma comunidad hacia las mujeres esterilizadas estaba dado también por su estatus étnico y de género6. No existía entonces ninguna organización en Lima que las apoyase, ni judicialmente ni en asesoramiento en cuanto a derechos humanos, únicamente las mujeres de IAMAMC.

Junto al trabajo etnográfico realizado en Huancabamba, y también como parte de la metodología, elaboré una encuesta en Lima (2012) en todos los niveles socioeconómicos. Lo que buscaba era entender qué y cómo se recordaban las campañas de esterilización (Vásquez del Águila, 2006). Algunas de las encuestas también fueron registradas en video.

El trabajo de campo duró cuatro años, durante los cuales he mantenido el contacto con las señoras de Huancabamba. En este período fui testigo de la evolución en la organización para la denuncia. En mi investigación recojo los momentos claves en los cuales las mujeres huncabambinas, en su batalla por exigir justicia, son conscientes de ser «sujetos de derecho» y pasan de identificarse como víctimas a construir un papel activo de denuncia. Durante los debates sobre cómo se deben presentar estas organizaciones, se defiende el hecho de que no se debe victimizar a las mujeres esterilizadas, sino empoderarlas. La idea es que ellas sean conscientes de que están exigiendo una respuesta a su lucha y no se están victimizando (Routledge, 1997, p. 2010). Este artículo se concentra en rescatar cómo es que las herramientas audiovisuales y las redes sociales han intervenido en la denuncia del caso, y cómo es que las mujeres esterilizadas se han empoderado gracias a su difusión. ¿Cómo se logró este cambio? ¿Qué herramientas ayudaron a la denuncia?

ATENCIÓN MEDIÁTICA Y VISIBILIDAD INTERNACIONAL

Durante la investigación, y con una formación en cine documental, creí pertinente utilizar la cámara de video para registrar los diferentes encuentros que sostenía con las mujeres que fueron esterilizadas en Huancabamba. Es así como, durante 2012 y en adelante, logré reunir un archivo visual que registraba los testimonios de las mujeres y el contexto en el que ellas se animaban a contarme lo sucedido. Debo decir que usar una cámara de video durante el trabajo de campo no es sencillo: es necesario lograr que el entrevistado y la comunidad en conjunto se familiaricen con este aparato. Por eso, durante las primeras entrevistas decidí no llevar la cámara de video y trabajar únicamente con la libreta de notas.

Más adelante, y conforme adquiría más protagonismo mi presencia en la comunidad, mi cámara formó parte de mi equipo de trabajo. Libreta en mano, cámara de video y grabadora de audio fueron las herramientas que facilitaron el registro de lo que ahí estaba sucediendo. Logré sacar provecho de la cámara de video en el sentido más «real» de lo que sucedía; en otras palabras, es la imagen la que nos permite capturar el gesto en el instante, cosa que la libreta de notas no reconoce. El siguiente paso era volcar este material de investigación escrito y audiovisual. Por supuesto que los audios me ayudaron a recopilar las historias y a encontrar patrones en ellas, pero el registro que tenía en video era tan amplio que pensé que podía funcionar como un documental de denuncia. De este modo decidí realizar un documental en el que reúno las historias de las mujeres de Huancabamba y también las opiniones, de ese entonces, de algunos ciudadanos limeños.

Primero, mi formación en las artes visuales y mi interés en el documental social hicieron que me aproximase al tema de investigación no solo con la creación de un texto académico sino también con la de un formato audiovisual que sirviera como herramienta en circulación para generar nuevas y posibles reacciones. Académicos como Jay Ruby (2000, p. 31), uno de los fundadores de la antropología visual con su obra Picturing Culture, así como el francés Jean Rouch, cineasta, antropólogo y pionero en el cine documental, y Eduardo Coutinho, uno de los documentalistas más reconocidos en Brasil que tiene como base de formación la sociología y que se caracterizó en su trabajo documental por dar valor al testimonio acercándose a la zonas periféricas de Brasil, fueron mis referentes en la búsqueda del trabajo documental etnográfico.

Pero la cámara de video y fotográfica pasa por un sistema inevitable de comunicación. Esta comunicación a través de las imágenes es la que me interesaba transmitir con el propósito de poder llegar a todo tipo de público. Este registro de investigación involucra un trabajo de relación entre el que comunica y el espectador; es así que me interesa la acción-reacción, y en definitiva, lo que también resultó siendo una herramienta más de estudio, también conscientemente se convirtió en un arma de denuncia del caso7.

La inserción de la cámara8, entonces, es una decisión de gran trascendencia en el trascurso de la investigación. Esta decisión tiene que ver, por tanto, con la metodología de la investigación, por eso decidí darle valor al registro audiovisual. Utilizar la cámara como herramienta metodológica me resultaba muy atractivo no solo estéticamente, sino como elemento probatorio de la investigación.

El ámbito ético sin duda fue un campo esencial en el proceso de recolección de información. Por ejemplo, el hecho de demostrarles a las mujeres que habían decidido participar en el documental que su testimonio era importante para obtener más conocimiento acerca de esta problemática y que mi intención de trabajo de campo no era únicamente reproducir lo ahí vivido y que quedase en el ámbito académico, sino que esta investigación ayudara a que el caso se estudie en profundidad y lograse la justicia buscada. Aquí también radica la ventaja de tener un material audiovisual como trabajo de campo, puesto que es posible mostrar y compartir el trabajo visual a la comunidad con mucha más facilidad que un texto, un ensayo, o en este caso, una tesis escrita. Es mucho más difícil hacer que llegue a sus manos un texto académico, sobre todo si muchas de las personas afectadas son analfabetas.

MUJERES DE HUANCABAMBA Y ANTA SE JUNTAN POR PRIMERA VEZ PARA EXIGIR LA REAPERTURA DEL CASO

Debido a la resolución de cierre del caso el día 29 de octubre de 2014, las organizaciones de derechos humanos presentaron una tacha contra el fiscal Guzmán Baca. El pliego que se presentó ante el fiscal Landa proponía medidas para garantizar justicia y reparación a víctimas de esterilizaciones forzadas9. En dicho documento se exigió el cambio de fiscal y se hizo un llamado a que se respetase el principio de fiscal natural sin dejar margen a la sospecha de manipulación política alguna ante un patrón sistemático de graves violaciones a los derechos humanos. Esta tacha estuvo firmada por representantes legales de organizaciones feministas y de derechos humanos, como el Centro de la Mujer Flora Tristán, Manuela Ramos y Demus.

Como parte de las acciones de protesta, se convocó entre las organizaciones de mujeres esterilizadas una marcha en Lima en donde se reunirían, junto con el Comité de Anta, Huancabamba y un pequeño grupo de Ayacucho y Huancavelica (que aún no estaban con Comité y no tenían una representación legal) para protestar por la acción del cierre del caso.

Horas antes de la marcha, las mujeres se reunieron en el despacho de la parlamentaria andina Hilaria Supa, a pocas cuadras del juzgado. Ahí las mujeres intercambiaron por primera vez sus relatos acerca del tema. Fue sin duda un momento histórico, ya que nunca antes las mujeres esterilizadas de la región de Anta en el Cusco habían intercambiado opiniones con las mujeres de Huancabamba, Ayacucho y Huancavelica10.

A pesar de que algunas de las mujeres de Cusco eran quechuahablantes, hubo un tímido intercambio de palabras que las animó a salir a la calle y exigir que se revisara el caso nuevamente. Este momento es muy importante en la historia de las esterilizaciones: el caso daba un vuelco al silencio y olvido en que había estado sumergido y se transformó en una causa progresista para la sociedad civil. El hecho de verse apoyadas durante esta marcha las hizo sentirse fortalecidas, y un grupo de derechos humanos se comprometió con la lucha. Es así que, dentro de la sociedad, las memorias convergen en una empatía hacia el caso de las mujeres esterilizadas. El hecho de buscar una reivindicación del caso, exigir la reapertura y un juicio que reconozca el crimen de lesa humanidad públicamente fue el resultado de un movimiento masivo que reflejaba el proceso de empoderamiento de todos estos grupos.

El 13 de febrero de 2014, las mujeres de las organizaciones de Huancabamba y Anta marcharon bajo la supervisión de la parlamentaria andina Hilaria Supa (representante del comité de mujeres esterilizadas de Anta) hasta llegar a la Fiscalía de la Nación. Ahí, Hilaria Supa, Esperanza Huayama y una representante de Amnistía Internacional hicieron entrega de la carta con las firmas de las mujeres que exigían la revisión del caso cerrado:

Nosotros lo que reclamamos es que se reabra el caso y que este gobierno de Ollanta Humala, porque él ofreció que iba a bajar al pueblo, entonces ahora necesitamos que nos apoye con todas las mujeres que son ligadas (Obdulia Ordóñez, dirigente IAMAMC AMBHA)11.

Mientras se entregaba el documento al fiscal de turno al fiscal Landa, las mujeres de Anta y Huancabamba se reunieron en la puerta de la Fiscalía, donde se habían dado cita varios medios de comunicación y grupos de derechos humanos. Incluso The Guardian cubrió la noticia12. Esta fue una de las primeras veces que la noticia de las esterilizaciones cobraba fuerza en los medios de comunicación internacionales.

Los grupos de mujeres de Anta y Huancabamba estaban acompañadas únicamente por algunas organizaciones de derechos humanos y de mujeres, pero estas no intervenían en la protesta. Solo los grupos de Huancabamba y Anta exigían justicia y daban entrevistas a los medios de comunicación, y no hubo ningún grupo civil que acompañara a las mujeres en su protesta. Incluso hubo un incidente que remarcó, en cierta medida, cómo una parte de la población de Lima aún se mantenía indiferente frente al tema en el momento en que las mujeres marchaban de regreso al despacho de Hilaria Supa. La gente alrededor, transeúntes y automovilistas, las observaban con sorpresa. Un taxista, que pretendía cruzar en medio de la marcha, gritó fuertemente: «¡Muévanse, serranas, lárguense a su tierra!». Las mujeres se quedaron calladas y no respondieron al ataque, solo uno de los muchos periodistas que se encontraban ahí le respondió al taxista.

Más adelante, cuando llegaron al despacho de la parlamentaria andina Hilaria Supa, una representante de Amnistía Internacional les hizo entrega del documento que recogía cuatro mil firmas como parte de una campaña que ellos mismos organizaban y que se prolongó por un mes más. Durante la entrega del documento con las firmas, Hilaria Supa explicó a las mujeres de qué se trató la reunión que minutos antes habían sostenido con el fiscal Landa.

Desde luego, la cobertura de los medios de comunicación nacionales —y sobre todo internacionales—, junto con el accionar de las activistas locales, amplió e influyó en el desarrollo de las herramientas que se utilizaron para visibilizar el caso aún más.

No obstante, a pesar de que la atención de los medios esos días se centró en el cierre del caso, la noticia más allá del día de la marcha no replicó lo suficiente como para que se abriera inmediatamente la investigación y se tomara alguna acción legal, como las mujeres exigían. Tuvieron que pasar siete meses para que este caso se volviera a abrir.

Durante este proceso, también la líder Esperanza Huayama tuvo un rol fundamental. Como presidenta del Comité, pudo reunirse con el fiscal en Lima y llevar la voz de las mujeres de su organización. Meses después de su viaje a Lima, y ya en Huancabamba, pude entrevistarme con ella nuevamente y reflexionó acerca de su visita y del caso, que aún se mantenía cerrado.

Cuando nos fuimos a la visita de Lima, la sorpresa que nos dimos que ya se cerró el caso de nosotros. Gracias a Dios, grupos de Ancash y Cusco y las de Huancavelica, de Huancabamba, seis a siete señoras y nosotras con las otras señoritas que nos han acompañado, nos encontramos con el fiscal que había ido a Huancabamba. Ahí mismito lo reconocí, le dije que por qué lo cerró […] Nos hemos reunido con él en Lima; yo conocí que por qué nos había hecho ese engaño y él dijo que, no, que seguiría viendo lo que nos había ofrecido. A mí me miró, me preguntó si era de Huancabamba, que me conozca bien, que yo soy de Huancabamba. Nos encontramos con el fiscal Baca ahí mismo; me miró y se acordó y nos mandó al otro fiscal. De ahí nos fuimos a la Defensoría del Pueblo. Íbamos a conversar con Ollanta, pero no estaba él y lo encontramos al representante de Ollanta. Dijo que iba a ver los casos de nosotros, y donde los derechos humanos también nos fuimos. Dijo que nos iba a ayudar. Conversamos con Hilaria y ella tiene un abogado, y yo le dije que nos apoyen, porque somos pobres. Ella se comprometió que nos iba ayudar con unos abogados.

[…]

Nosotras queremos que se abra el caso, que se haga justicia, nosotras, que nos respeten los derechos a nosotras. Las señoras [del Comité] nos dicen que pidamos apoyo en Lima, porque ellas quisieren saber cómo es que sigue el caso, dicen cómo es que hay un engaño, nuevamente nos han engañado igual que en la época de Fujimori. Y a nosotras nos exigen que el Comité tenemos el derecho de seguir en el caso […] Los comuneros, los hombres, dicen que por qué nos engañan, y no cumplen con su palabra (Esperanza Huayama, 2014)13.

A inicios del año 2015, el Ministerio Público decidió reabrir el caso de las mujeres de las esterilizaciones por el lapso de tres meses. La reapertura del caso fue una buena noticia para las mujeres afectadas; no obstante, el lapso de tres meses que da la Fiscalía para reunir las denuncias era un indicador de que las intenciones del Estado no estaban del todo claras. Y es que un juicio de este tipo abarca miles de involucrados —muchos más que en los casos de violencia armada—; por ello, formar equipos de trabajo minucioso, que investiguen caso por caso (hasta ahora se han presentado 2 074 víctimas), constituye una ardua tarea.

A mediados del año 2015, y próximos a la fecha de las elecciones presidenciales, algunas organizaciones de derechos humanos, tales como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Cladem, Demus, Flora Tristán, IAMAMC-AMBHA, Amnistía Internacional y el Grupo de Seguimiento a las Reparaciones por Esterilizaciones Forzadas (GREF), reforzaron la visibilidad del tema de las esterilizaciones mediante campañas virales a través de las redes sociales. Ese mismo año nació el GREF como una organización de trabajo de la CNDDHH, conformado por diversas organizaciones, instituciones y activistas para la defensa de los derechos de las mujeres, entre las cuales se encuentran: AMBHA, Demus, Asociación SER, IAMAMC, sección peruana de Amnistía Internacional, Despacho de la parlamentaria andina Hilaria Supa e investigadoras. Es alimentada también por el archivo PNSRPF, archivo virtual que recoge información acerca de los programas de esterilizaciones desde el año 1996.

Conforme se acercaba la fecha de las elecciones presidenciales, las campañas se tornaron mucho más agresivas. En ese sentido, la prensa internacional también jugó un rol importante en la denuncia14 al cubrir cada evento que se realizó durante el año 2015, pero sobre todo en los meses de noviembre y diciembre, que es cuando se efectuaron diferentes actividades con las mujeres en la ciudad de Lima. Esto hizo que surgieran nuevas preguntas para mi investigación: ¿qué herramientas se están utilizando para construir una memoria colectiva de los casos de las mujeres esterilizadas? ¿Estos soportes (redes, documentales) sirven como vehículos de empoderamiento en las víctimas?

Ese mismo año, el caso de Esperanza Huayama se convirtió en emblemático. Su imagen fue expuesta por Amnistía Internacional, el grupo Quipu, Alfombra Roja e IDEL (organizaciones y colectivos que se encargaron también de investigar y difundir el caso de las mujeres esterilizadas). Su imagen ha sido difundida repetidas veces y su rostro ya es reconocido como el de una mujer que lucha por encontrar justicia. Esperanza es una mujer analfabeta que conoce sus derechos y se ha empoderado aún más a partir del impacto que generó en su vida el exponer su caso en los medios, lo que desde mi punto de vista ha contribuido en la construcción de la memoria y la denuncia.

Durante todos estos años, Esperanza ha sido el rostro de las mujeres de Huancabamba y ha participado de manera activa tanto en marchas de protesta en Lima como en reuniones con parlamentarios y jueces que llevaron el caso y en entrevistas a diferentes medios públicos e independientes. Como se menciona líneas arriba, en 2014 por primera vez se reunieron los comités de mujeres esterilizadas de Huancabamba y Anta. Este paso fue fundamental para que su confianza crezca, pero, sobre todo, fue la primera vez que intercambiaron sus experiencias e historias, unas del norte de nuestro país y otras del sur. Las campañas se realizaron de forma sistemática y bajo los mismos métodos coercitivos en todo el Perú.

Lamentablemente, en julio la Fiscalía archivó el caso por tercera vez, y en agosto el fiscal Landa lo devolvió a la fiscal Marcelita, dándole un plazo de treinta días para un nuevo pronunciamiento. El 7 de diciembre de 2016, la fiscal Gutiérrez decidió archivar definitivamente las 77 denuncias por esterilizaciones.

EL USO DE LAS REDES SOCIALES Y EL DOCUMENTAL SOCIAL COMO VEHÍCULOS DE EMPODERAMIENTO

En el año 2012, cuando terminé el documental Una voz estéril, uno de mis compromisos con las mujeres fue presentarles el video terminado y que ellas tomasen la decisión sobre si este debía difundirse. El día de la presentación del documental, se reunieron más de sesenta mujeres de diferentes caseríos, la mayoría de ellas esterilizadas. Todo parecía transcurrir con normalidad durante la proyección del documental, pero en el momento en el que se muestran las imágenes de una mujer siendo operada y maltratada por una enfermera, un murmullo —que se hizo cada vez más potente— invadió la sala. Al finalizar la proyección sostuvimos una larga charla en la que muchas de ellas se sentían identificadas e indignadas por lo que ahí había sucedido. Incluso algunas de las mujeres que no se habían atrevido a hablar quisieron darme su testimonio al término del visionado.

Al tener su autorización, mi idea, en un principio, era difundir el documental en diferentes circuitos y plataformas. Tenía la idea de que el documental podía funcionar en circuitos de difusión comercial (cines, televisión, festivales); no obstante, me di con la triste realidad de que, dentro del circuito comercial, este tipo de temas no interesa. Incluso llegas a cierta marginalidad, puesto que, al ser un video de denuncia política, las instituciones o empresas privadas no se quieren involucrar en el tema. Sin embargo —y esto fue realmente relevador—, casi al terminar la tesis, en 2016, el documental Una voz estéril funcionaba como un ejercicio de memoria dentro de la comunidad de mujeres que fueron esterilizadas. Es decir, mi intención en un principio era que opere como un documental de denuncia en un circuito abierto, donde se pudiera dar a conocer el caso, pero más tarde me di cuenta de que su valor estaba en el impacto que lograba no en los ciudadanos de Lima, sino dentro de la misma comunidad de mujeres esterilizadas.

El documental me ayudó a profundizar en algunos aspectos, como por ejemplo cómo es que las mujeres se veían antes y después de atreverse a dar el testimonio, qué organizaciones se formaron a partir de las denuncias y posterior reapertura del caso y qué impacto tuvo en sus vidas que los medios de comunicación se preocuparan por el caso (esta mirada, este análisis documental etnográfico se encuentra a lo largo de los cuatro capítulos de esta investigación). ¿El documental podía funcionar como un vehículo de reparación? Es posible que este tipo de elementos que reúnen la memoria de mujeres que fueron esterilizadas sirva también como herramienta para preservar la memoria colectiva de las esterilizaciones (Gundermann, 2007, p. 14). Del mismo modo, las instituciones que se han comprometido al acompañamiento del caso, como DEMUS, Amnistía Internacional o el GREF, tienen el rol de preservar la memoria de las esterilizaciones. Es decir, no dejar que el caso se desfigure (como se hizo con el libro de Cecilia Villegas, La verdad de una mentira, 2017), sino acompañar a estas mujeres en su lucha. Por ello existe, por supuesto, un compromiso cívico-político con las mujeres afectadas por las esterilizaciones, y son entonces estas redes que se están tejiendo las que sirven para preservar la memoria.

Herramientas para la denuncia: documental y redes sociales

Considero que las herramientas que se están utilizando o se han utilizado para difundir el caso de las mujeres esterilizadas están cobrando cada vez más valor. En el caso del documental social, este está adquiriendo más fuerza en los últimos años, sobre todo en el Perú. El documental viene siendo utilizado como una herramienta de denuncia, no solo por realizadores sino también por los protagonistas que conocen el poder de los medios de la era digital. A pesar de que las plataformas de difusión siguen siendo en su mayoría virtuales —principalmente, redes sociales—, hay espacios que dan apertura a la exhibición y al posterior conversatorio, como algunas universidades de Lima (Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad Nacional Mayor de San Marcos) y centros culturales. Incluso muchos de estos centros culturales funcionan a través de la autogestión, sin ningún apoyo del Estado o de empresas privadas. Un claro ejemplo de cómo el documental ha impactado en el espectador en estos últimos años ha sido el documental La hija de la laguna, dirigido por Ernesto Cabellos (2015). El documental fue visto por más de cinco millones de personas y fue uno de los virales más importantes de todo Sudamérica.

Actualmente se encuentra en plataformas virtuales, como Netflix. La hija de la laguna se pudo realizar gracias a un premio del Ministerio de Cultura (2013) y sus productores idearon toda una estrategia de difusión para alcanzar el nivel de impacto que buscaban. El tráiler fue lanzado vía Facebook, superando el de la comedia Asu Mare (3,1 millones de vistas): se compartió en redes 180 453 veces tuvo 25 000 comentarios y obtuvo 225 likes—. En las salas de cine se propone, además de la proyección, un conversatorio con el director y productora, y además se encontraba gratis en YouTube en diferentes capítulos que invitaban a crear una historia.

Toda esta estrategia responde a la necesidad de crear interés en el público hacia el documental, un público acostumbrado a películas de ficción y a consumir lo que les ofrecen las grandes corporativas de las salas de cine comercial. Lamentablemente, en un sector de la población el documental está asociado como un producto «serio», y hasta es catalogado de aburrido. La hija de la laguna se narra en la voz de las mujeres que luchan por la defensa de sus lagunas, rescata sus testimonios y la forma en la que viven los conflictos. Nélida, protagonista del documental, es líder del movimiento ambientalista por la defensa de las lagunas de Conga de la minera Yanacocha. Es la voz de protesta que visibiliza la lucha de las mujeres por la defensa del su territorio, pero también, gracias a La hija de la laguna, Máxima Acuña, comunera cajamarquina, es ahora conocida por su lucha en la defensa de desalojo de su tierra por la minera Yanacocha. En 2016 Máxima recibió el premio Goldman, el más importante otorgado a los defensores de la naturaleza y el medio ambiente.

Es decir, el documental social cumple un rol ligado a la memoria y al empoderamiento de las víctimas. No solo es el registro de los acontecimientos, sino también el de los testimonios que evidencian hechos traumáticos y que involucran, en el caso de las esterilizaciones, a varios agentes. En algunos casos, también puede considerarse una herramienta pedagógica fundamental, al igual que un texto.

Desde mi experiencia con la realización del documental Una voz estéril, pude comprobar que, año tras año, y conforme se iban acercando las elecciones, el documental audiovisual representaba una herramienta cada vez más fuerte de denuncia y demanda.

NUEVAS PLATAFORMAS PARA COMBATIR LA IMPUNIDAD

¿Qué pasó con los medios de comunicación que cubrieron la noticia desde que se iniciaron las denuncias y las redes sociales? Aún hoy estos medios «convencionales» han seguido interesados en seguir el caso. Incluso el diario La República abrió una sección de investigación acerca del tema de las esterilizaciones, aunque en el contexto de las elecciones electorales 2015. Es, pues, evidente que los medios de comunicación jugaron un papel primordial (Lerner, 2009, p. 18). Sin embargo, hoy, a pesar de haber transcurrido más de veinte años desde que se iniciaron las campañas de esterilización y de que han surgido nuevas plataformas informativas para combatir la impunidad de las esterilizaciones —como las redes sociales—, las denominadas campañas de AQV sigue siendo un tema en debate que mantiene posiciones encontradas.

Las redes sociales han sido de gran utilidad como plataforma de información acerca de las esterilizaciones. Una de las más activas y que exploró un poco acerca del caso ha sido la página de Facebook 2074 y muchas más, página creada en 2015 e impulsada por Demus (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer), que tiene 2 073 miembros hasta hoy registrados en su comunidad. También se ocupa de dar un seguimiento del número de mujeres que hasta ahora se han inscrito en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO)15, creado en 2016. También la página de Facebook CDME Huancabamba, instaurada a partir de la creación de la organización de mujeres esterilizadas en Huancabamba (2012), o Alfombra Roja, que también acompaña al caso, y también DOCUPERÚ, que participó en las denuncias. Estas plataformas han servido como un potente medio para visibilizar el caso de las esterilizaciones; sin embargo, estas iniciativas surgieron recién en el año 2013 a partir de la reapertura del caso y, si bien han causado un impacto en las redes y los medios de comunicación como arma de denuncia, al término de este artículo el caso aún está pendiente de justicia.

La memoria de las esterilizadas se ha fortalecido gracias al empoderamiento de algunas líderes, y contrariamente a lo que planteaba al inicio de la investigación, este evento no se ha olvidado, sino que ha recobrado vigencia. Como señala Jelin (2002, p. 40), cuando hablamos de memoria tenemos que identificar el cómo y el cuándo se recuerda y se olvida, es decir hay momentos y coyunturas que activan ciertas memorias, y en este caso un momento clave fue la reapertura del caso en 2012, que propició la creación del CDME en Huancabamba —que más tarde integró el AMBHA— y posteriores acciones, como la realización audiovisual y la atención mediática. Es así como intervinieron diferentes agentes que «ayudaron» al proceso del recuerdo. Considero que el documental, en este caso, fue una herramienta fundamental en la visibilización del caso y ocupa un espacio al que los textos académicos no pueden llegar. Asimismo, gracias a la atención mediática en las redes sociales y en soportes audiovisuales como el documental, las víctimas de las esterilizaciones se han sentido acompañadas y han reforzado su imagen de luchadoras de los derechos humanos.

En 2017, y gracias a la ayuda de la Universidad de Kent y Perú Group Support, Esperanza y yo viajamos a Londres para presentar el caso en conferencias con Amnistía Internacional, el Parlamento inglés, diferentes organizaciones de derechos humanos, conferencias en universidades a las que fuimos invitadas y una importante entrevista en la BBC radio en el programa Woman’s Hour, con más de medio millón de oyentes. En los conversatorios, Esperanza se mostraba cada vez más confiada en contar lo sucedido y tuvimos la oportunidad de proyectar el documental. Sin duda, una de las experiencias más importantes fue el haber participado juntas en el seminario «Debatiendo perspectivas feministas en conmemoración, reparaciones simbólicas y el arte», en la Universidad Kings College. Gracias a Jelke Boesten y su equipo tuvimos la oportunidad de conocer de cerca otros casos de derechos humanos que, como el de Esperanza, siguen a la espera de justicia. Formar parte del panel y también del auditorio nos acercó a historias terribles en países como Kenya, Sudáfrica y Uganda, donde se cometieron masacres de mujeres y niños después del conflicto armado. Territorios tan lejanos de Huancabamba nos permitieron ampliar la mirada del caso y conocer cómo es que, también en esos casos, el cuerpo de las mujeres es utilizado como arma de batalla.

A pesar de la dureza de estos relatos y testimonios, se estableció un efecto de cercanía en términos de solidaridad y la oportunidad de un diálogo que permitió conocer a gente que, como ella, lucha por los derechos humanos de otras mujeres.

CONCLUSIÓN

Finalmente, y a lo largo de estos cinco años, he podido ser testigo de los profundos cambios que se han ido dado dentro de algunas organizaciones de mujeres esterilizadas y cómo el discurso limeño también se ha ido adaptando según las expectativas y preferencias políticas de cada organización. A lo largo de este tiempo se han construido lazos entre las mujeres afectadas y otras organizaciones.

También a partir de 2000, y en paralelo a las denuncias, surgen nuevos grupos de jóvenes que defienden los derechos humanos, como DOCUPERÚ, entre otros. Estos grupos aparecen acercarse al tipo de trabajo de comunicación comunitaria (Shuler, 1999, pp. 144-157) lo que significa que no realizan alianzas políticas, sino que trabajan en la defensa de los derechos humanos desde una mirada de participación ciudadana. Es posible que este sea uno de los caminos de trabajo con el grupo de mujeres esterilizadas: trabajar desde una comunicación comunitaria que implique un proceso en conjunto desde la creación de contenidos para denuncia distintos de los que están hegemónicamente presentes en los medios de comunicación privados, masivos, que tienen ciertos contenidos dominantes.

¿Pero quién da la voz de denuncia a las víctimas? (Agüero, 2016, p. 216) ¿Son las personas que se involucran en la lucha por la búsqueda de la justicia o son las propias mujeres que, a lo largo de estos procesos, se empoderan y ejercen libremente su derecho a ser escuchadas y reclamar justicia? El rol de Esperanza Huayama como mujer defensora de los derechos humanos se ha ido fortaleciendo a través de los años y ha pasado de ser una representante de opinión de las víctimas hasta construir su propio discurso, en el que ya no se ven como víctimas sino como defensoras, y no permiten que su crimen sea utilizado ni con fines políticos ni como ventana para que otros grupos se lleven la visibilidad que ellas necesitan. «No me roben mi voz», alguna vez dijo refiriéndose a unas activistas que con sus acciones buscaban denunciar el caso en Barcelona. También esto generó conflictos dentro de la organización, que en un momento (elecciones presidenciales 2015) decidieron dar un paso al lado, ya que sentían que su imagen estaba siendo utilizada con fines que no estaban dentro de sus agendas.

El año 2014 marca un antes y un después en la búsqueda de la justicia de las mujeres esterilizadas. Es en ese año cuando grupos de mujeres de Anta y Huancabamba se unen por primera vez para exigir la defensa de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Esta reivindicación de sus derechos transformó la historia de las denuncias de las esterilizaciones, porque a partir de entonces, son las propias víctimas las que ejercen su derecho a la justicia. Hemos visto como las redes sociales y documentos audiovisuales son soportes para dichas denuncias. Sin embargo, es complejo hablar de reparaciones hacia las mujeres esterilizadas, porque aún ni el Estado ni un sector de la ciudadanía reconocen el delito. El tema de las esterilizaciones, a pesar de haber sido una política en la que mujeres y hombres fueron vejados de sus derechos al esterilizarlos sin su consentimiento, sigue estando en tela de juicio, y las voces que reclaman justicia, verdad y reparación son silenciadas a través del tiempo.

No obstante, lo interesante —y lo que permite pensar en que en un futuro el caso llegará a la justicia, verdad y reparación— es la voluntad y la motivación que están logrando las organizaciones de mujeres esterilizadas por ejercer sus derechos. Ya no son más víctimas ni inocentes desvalidas ni indefensas, sino que poco a poco, y de manera incluyente, van construyendo un discurso en común para establecer estrategias que las lleven a encontrar la justicia, verdad y reparación.

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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1 Testimonio Cleofe Neyra. Huancabamba, 2012.

2 Esta afirmación se basa en los resultados de las encuestas realizadas en Lima abril de 2012 y forma parte de la tesis doctoral. Universidad de Kent, 2017.

3 Unos años más tarde el Comité se disuelve para formar parte de AMAEF (Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones), donde hasta 2018 Esperanza Huayama estuvo como vicepresidenta.

4 A ella la esterilizaron cuando estaba embarazada de cuatro meses. Ella no sabía de su estado y los doctores lo descubrieron en el momento de la operación. Esperanza, a pesar de estar anestesiada, escuchó a los doctores decir que estaba en estado de gestación. Ella rogó para que no la operasen, pero no le hicieron caso y la esterilizaron. Desde ese momento, llevó un embarazo doloroso, en cama y sin poder trabajar, hasta que a los nueves meses parió a su hijo muerto (entrevista a Esperanza Huayama Aguirre. Huancabamba, 2012).

5 Durante mi primer trabajo de campo entrevisté a mujeres que habían sido secuestradas durante la época del conflicto (que no habían sido esterilizadas) y también a mujeres que habían sido juzgadas como terroristas y más adelante habían sido esterilizadas.

6 Cuestiones como los puntos de reflexión y los ejes donde se condensa la problemática de las consecuencias que tuvo el programa de esterilizaciones en Huancabamba y si estas han afectado el desarrollo de las relaciones de género e identidad entre sus habitantes y han generado un punto de partida para establecer si estas mismas diferencias son las que han generado rechazo en los ciudadanos de la capital de Lima son investigadas en profundidad en mi tesis doctoral (Universidad de Kent, 2017).

7 Según Jay Ruby, el registrar la imagen en una investigación puede tener varias funciones; sin embargo, la principal sería de carácter probatorio adjunto al texto. La cámara permite la captación de la realidad en su «verdadera esencia» y conlleva la posibilidad de ver lo que de otra manera queda relegado a la imaginación construida sobre la base de la descripción textual.

8 El documental etnográfico, al ser utilizado como instrumento de la antropología, se valora en el hecho de que permite el conocimiento y análisis de las situaciones culturales, los cambios y las transformaciones sociales. Es por ello que, algo más que ilustrar costumbres y verdades, la ventaja del film documental consiste en que permite captar el gesto y la palabra, es decir, los acontecimientos en una dimensión doble, lo que para el ojo o registro escrito es muy difícil (Pujadas y Muñoz, 2010, p. 171).

9 Flora Tristán, Demus, Manuela Ramos. Carta abierta de ONG peruanas a Alberto Fujimori. 30 de junio de 1999.

10 Entrevista y registro en las oficinas de la parlamentaria Andina Hilaria Supa, 2014.

11 Obulida Ordóñez, vicepresidenta del Comité de Mujeres Esterilizadas de Huancabamba, 2014.

12 Marzo de 2014. The Guardian. http://www.theguardian.com/global-development/2014/mar/14/peru-women-forced-sterilisation-justice.

13 Entrevista a Esperanza Huayama. Huancabamba, 2014.

14 Desde que se iniciaron las denuncias, la noticia internacional cobró fuerza a partir de 2013 (revista La Independent, Cataluña; The Guardian, U.K.).

15 El lunes 6 de noviembre de 2015, y en pleno marco de campaña electoral 2016, se consiguió lo que parecía imposible: en el diario oficial El Peruano se publicó el Decreto Supremo 006-2015-JUS, que declara de interés nacional la atención prioritaria de víctimas de esterilizaciones forzadas producidas entre 1995 y 2000. Este decreto da origen al REVIESFO, a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Este fue el primer registro, ya que antes el Estado no se había preocupado por iniciar un registro de mujeres esterilizadas en todo el país, como en los casos de desaparecidos durante el conflicto armado interno. Esta «Ficha Única de Recojo de Información REVIESFO 1995-2001» se crea gracias al MINJUS (Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos), gracias a la Resolución Ministerial 0319-2015-JUS.

 

Recibido: 2017-11-23.

Aprobado: 2019-03-10.